El portavoz del PP en el Senado, Jesús Aguirre.

María Márquez. Madrid

El Senado ha aprobado, con una enmienda transaccional, la moción presentada por el Partido Popular de la mano de su portavoz, Jesús Aguirre, para que las Administraciones se impliquen en la defensa del profesional sanitario frente las agresiones. Al estudio nacional planteado por Aguirre los portavoces han incorporado que sea el Consejo Interterritorial el que, junto a colegios profesionales, sindicatos y asociaciones de pacientes, el que tome la iniciativa.

Así consta en el texto del PP modificado por el resto de grupos de la Cámara alta, que a su vez han aceptado los otros dos puntos de la moción: reforzar la figura del profesional sanitario “como autoridad en su trabajo”, y plantear en la Comisión de Recursos Humanos del SNS la necesidad de que los servicios autonómicos “cuenten con medidas preventivas y disuasorias” frente a estos actos delictivos.

Aunque Entesa, CiU y el PSOE han mostrado en sus comparecencias su desacuerdo con la política sanitaria que defiende el PP, sus portavoces han insistido en la necesidad de que las Administraciones se responsabilicen con esta cuestión porque, como ha apuntado la senadora de CiU Coralí Cunyat, “los casos han disminuido (en Cataluña), pero no podemos bajar la guardia”. Para María Chivite, portavoz del PSOE, uno de los problemas es que “muchos profesionales no denuncian porque piensan que no sirve para nada porque la Administración no hace nada para atajar este asunto”. Además, Chivite ha apuntado la necesidad de elaborar “un mapa de zonas de riesgo”, así como de incidir en la formación al profesional “para dotarle de mecanismos de detección del riesgo”.